Relación del derecho administrativo con las ciencias: fuentes y aplicaciones

El Derecho administrativo, proveniente de las palabras latinas ad "junto a" y ministrare "manejar las cosas comunes", tiene como objetivo regular la estructura, procedimiento, competencias y responsabilidades de la administración pública, así como las interacciones legales entre ésta y otros individuos.

Las Fuentes del Derecho Administrativo Una Clave para Entender su Aplicación

Las fuentes del Derecho Administrativo se refieren a las diversas fuentes que dan origen a las normas y principios que regulan la actuación de la Administración Pública. Constituyen una herramienta esencial para establecer el marco jurídico en el que se llevan a cabo las acciones de la Administración y se definen los derechos y deberes de los ciudadanos.

El Rol Fundamental de las Fuentes en el Derecho Administrativo

Legitimidad: Las fuentes del Derecho Administrativo otorgan legitimidad a las normas y principios que rigen la actividad de la Administración. Esta legitimidad asegura que dichas normas estén fundamentadas en bases sólidas y aceptadas, dotándolas de validez y autoridad.

Seguridad jurídica: Las fuentes del Derecho Administrativo brindan seguridad tanto a la Administración Pública como a los ciudadanos. Al contar con fuentes claras y accesibles, se establecen criterios para la interpretación y aplicación del derecho, evitando la arbitrariedad y promoviendo la certeza en las relaciones jurídicas.

Evolución y adaptación: Las fuentes del Derecho Administrativo permiten que las normas evolucionen y se adapten a medida que cambian las necesidades y circunstancias de la sociedad. Estas fuentes proporcionan los medios para actualizar y modificar el marco legal de forma coherente y consistente, garantizando su eficacia en el contexto actual.

Relación con otras cienciaseditar

El Derecho constitucional es la base de la administración pública, ya que establece su contenido y está estrechamente relacionado con la Constitución y el derecho constitucional. Estas ramas legales determinan la naturaleza, organización, funcionamiento, fines y justificación del estado, convergiendo en la formación del órgano encargado de la administración pública.

Por otro lado, la sociología, como progenitora de las ciencias sociales, analiza las relaciones e interacciones humanas, fundamentando las normas de convivencia. Por ello, la administración pública se encarga de llevar a cabo todas las actividades necesarias para satisfacer las necesidades de la sociedad, en concordancia con los principios sociológicos.

Asimismo, la economía también guarda una estrecha relación con la administración pública, ya que para llevar a cabo sus funciones, atribuciones y tareas, es necesario tener conocimiento de los recursos disponibles. De esta manera, la economía se convierte en un elemento indispensable para la eficiente gestión de la administración pública.

Estas contribuyen a su desarrollo y correcto funcionamiento, garantizando así la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Influencia de las tecnologías emergenteseditar

En la actualidad, el Derecho administrativo se ha enfrentado al desafío de adaptarse a la era digital y a la incorporación de las nuevas tecnologías en la administración pública, lo que se conoce como administración electrónica.

En este sentido, uno de los principales retos para el Derecho administrativo ha sido ampliar y ajustar el marco legal existente para asegurar las mismas garantías jurídicas en el ámbito electrónico que en el tradicional en papel.

En países como España, se ha ido incluso más allá al reconocer el derecho del ciudadano a relacionarse con la administración por medios electrónicos y establecerlo como obligación para la misma. Un ejemplo de esto es la entrada en vigor de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que desde el 31 de diciembre de 2009 reconoce este derecho. Sin embargo, a partir del 2 de octubre de 2016, esta ley ha sido reemplazada por la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común, que da un paso más al establecer la tramitación electrónica como la forma habitual de actuación de las Administraciones.

Conclusión

Ramas del Derecho administrativoeditar

La transición del Antiguo Régimen al Estado liberal supone un cambio de un sistema de normas que estaban a disposición del monarca, a un sistema marcado por:

Tras este proceso, impulsado principalmente por las revoluciones liberales, nace el Estado liberal. Antes de estas revoluciones, no se reconocía la igualdad de todos los hombres como principio jurídico. Sin embargo, a partir de ellas, los individuos dejan de ser considerados súbditos y se convierten en ciudadanos, con los mismos derechos y deberes ante la ley.

Dado el establecimiento del régimen administrativo, surge en Francia la pregunta de quién debería juzgar a la administración. ¿Deberían ser los jueces ordinarios del Poder Judicial los encargados de ello o debería ser la propia Administración quien ejerciera esta función? La raíz del conflicto radica en que los jueces ordinarios eran herederos del Antiguo Régimen, y por lo tanto, nobles con el poder de anular las decisiones del Nuevo Régimen. Esto generaba una gran desconfianza. Para resolver la situación, Francia optó por la creación del Consejo...

Clases de Fuentes en el Ámbito del Derecho Administrativo

3. Reglamentos: Los reglamentos son normas dictadas por el poder ejecutivo para desarrollar y complementar las leyes. Tienen un rango inferior al de las leyes y no pueden contradecirlas. Pueden ser de carácter nacional, autonómico o local, según su ámbito de aplicación.

Clasificación de las fuentes del Derecho Administrativo

Las fuentes del Derecho Administrativo son variadas y pueden ser clasificadas en distintas categorías, según su origen y jerarquía.

A continuación, se presentan los tipos más comunes de fuentes utilizadas en esta disciplina:

1. La Constitución: La Constitución es la fuente primaria y suprema del Derecho Administrativo. En ella se establecen los principios fundamentales, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Es de obligatorio cumplimiento para la Administración Pública y sus actos no pueden ir en contra de sus disposiciones.
2. Leyes y normas con rango de ley: Las leyes son una fuente fundamental del Derecho Administrativo. Se trata de normas generales y abstractas promulgadas por el poder legislativo, ya sea el Parlamento o el Congreso. Estas regulan las distintas áreas de la Administración Pública y pueden ser específicas para un campo en particular o generales para todo el ámbito administrativo.
3. Reglamentos: Los reglamentos son normas dictadas por el poder ejecutivo para desarrollar y complementar las leyes existentes. Tienen un rango inferior al de las leyes y no pueden contravenirlas. Pueden ser de carácter nacional, autonómico o local, en función de su ámbito de aplicación.

Regulación por paíseditar

El Derecho Administrativo en Argentina se encuentra regulado por las normas de cada provincia, debido a que es un país federal. Por lo tanto, nos enfocaremos únicamente en la parte nacional, es decir, las normas que rigen la administración pública nacional centralizada y descentralizada, los entes autárquicos, las sociedades y empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y los entes de derecho público no estatales del ámbito federal.

De acuerdo con el artículo 99.1 de la Constitución Nacional, el Presidente es el responsable político de la administración general del país, aunque en la práctica esta tarea es desempeñada por el Jefe de Gabinete de Ministros (según el art. 100.1 de la Constitución).

El Presidente tiene la potestad de emitir diferentes tipos de reglamentos (conocidos como actos administrativos de alcance general en la Ley de Procedimientos Administrativos), que la doctrina clasifica en:

Ámbito de aplicacióneditar

El Derecho administrativo se encarga de establecer las normas de organización de la Administración Pública. Éstas abarcan desde los servicios centrales hasta los órganos desconcentrados, descentralizados y organismos autónomos dependientes de otras instituciones. También incluyen, en su caso, los Consejos de Ministros, ministerios, secretarías generales, direcciones generales, subsecretarías y órganos representativos de entidades de la administración local o empresas públicas.

Un rasgo común de la mayoría de estos órganos es su competencia para actuar con prerrogativas o poderes superiores a los de los particulares (imperium). En cuanto a las normas de funcionamiento, es importante destacar que el Derecho Administrativo se aplica únicamente a las actuaciones de la Administración Pública en las que los órganos actúan investidos de potestades públicas, es decir, poseen imperium.

Se suele diferenciar entre la administración territorial, que se divide en varias subdivisiones y generalmente coincide con la división territorial del Estado, y la administración institucional. Esta última, en diferentes grados según el ordenamiento jurídico, no ejerce ninguna potestad administrativa. En estos casos, la Administración Pública actúa como un mero particular y se le aplican las normas del derecho común. Sin embargo, siempre habrá en su actuación un núcleo estrictamente administrativo, aunque sea solo a efectos del procedimiento para la formación de la voluntad del órgano administrativo (unipersonal o colegiado) y las normas de atribución de competencias.

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